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De choques con Castillo al «cogobierno» con Boluarte: el año que la crisis en Perú cambió de fase – Noticias del mundo en Maracaibo

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ESPUELAZO PURO

Hace un año, el 7 de diciembre de 2022, el entonces presidente peruano Pedro Castillo ofreció un mensaje a la nación que cambiaría el panorama en el país andino. Antes de ser destituido en una sesión que ya estaba pactada, disolvió el Congreso y anunció otras polémicas medidas que facilitaron el fin de su mandato.

Casi de forma instantánea el pleno activó la renombrada vacancia presidencial, Castillo fue rápidamente detenido y su vicepresidenta, Dina Boluarte, asumió el poder del país, a pesar de que había expresado su «total lealtad» a su compañero de fórmula.

«Mi total lealtad con el presidente Castillo está a prueba de balas. Si al presidente lo vacan, yo me voy con el presidente«, gritó Boluarte semanas antes en un acto en Puno, bajo el aplauso de la muchedumbre y del propio Castillo.

Sin embargo, al final las balas fueron disparadas, pero bajo la gestión de Boluarte, quien tuvo que enfrentar masivas manifestaciones desde el mismo mes de diciembre. El resultado: 67 muertes, de las cuales 49 se dieron durante «enfrentamientos» con las fuerzas del orden.

Varias oenegés y la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) documentaron que las 49 personas, varias de ellas provincianas y de orígenes indígenas, murieron a causa de proyectiles de armas de fuego.

«Hechos que, al ser perpetrados por agentes del Estado, podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, extremos que deben ser investigados por fiscalías especializadas en derechos humanos», exhortó la CIDH.

Pese a que la Fiscalía ha identificado algunos policías por estos hechos, hasta el momento ninguno ha sido separado de su cargo públicamente ni tampoco hay sentenciados.

Herida punzante

Cuando el profesor rural cajamarquino superó en 2021 a la excongresista, exaspirante presidencial y lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, muchos en Perú y América Latina leyeron el triunfo electoral como una reivindicación del «Perú profundo» contra el ‘statu quo’ de Lima.

Pero la dicha fue exigua: cuando esas miles de personas de la sierra, de la costa o del sur peruano vieron al exmandatario tras las rejas, con Boluarte en el Palacio de Gobierno, la ira aumentó. Si con Castillo las manifestaciones antigubernamentales eran mayormente limeñas, con Boluarte la tendencia cambió.

En el último año departamentos como Puno, Arequipa o Ayacucho han encabezado las concentraciones. Durante meses se instaló el apelativo ‘Toma de Lima’, como parte de las movilizaciones desde las regiones hasta la capital, centro neurálgico del poder desde la época virreinal.

«Esa es una amenaza a la democracia, al Estado de derecho, a la institucionalidad», aseveró Boluarte un día antes de la tercera ‘Toma de Lima’, en julio pasado. «Y nosotros, como Gobierno democrático, no lo vamos a permitir, ni aceptar», añadió.

Casi todo el 2023 la mandataria y sus ministros se dedicaron a criminalizar las protestas, inclusive con mensajes antiprovincianos, en medio de una represión estatal denunciada tanto a nivel local como internacional. «Puno no es el Perú», declaró Boluarte a menos de dos meses de haber asumido el cargo.

Un informe del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) del mes pasado mostró una «demanda mayormente fuera de Lima Metropolitana»: el 41 % de la población desea diálogo entre las autoridades y el pueblo para llegar a un acuerdo.

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Visión sobre Castillo

Otras encuestas también han revelado un pesimismo mayúsculo en Perú, tanto que para el 58,3 % de las personas consultadas a mitad de año, el Gobierno de Boluarte es peor que el de Castillo.

«Objetivamente hay algún sustento para [pensar] eso», contestó el analista político José Carlos Requena en diálogo con RT. «La situación económica es peor, aunque también por desórdenes en el Gobierno de Castillo, como la gran fuga de capitales que hubo», apuntó.

El experto considera que «el contexto internacional es más complejo» ahora que cuando gobernaba Castillo (2021-2022), en la misma línea de lo esbozado por el Ejecutivo, que ha mencionado el ciclón Yaku o el fenómeno del Niño como causas del declive de la economía peruana.

Además, en múltiples ocasiones, Boluarte ha responsabilizado al exdignatario por los problemas que aquejan actualmente a la nación latinoamericana, aunque el paso del maestro rural por el poder fue relativamente breve.

«Actos obscenamente nulos»

Castillo también cumple un año privado de libertad. La justicia peruana determinó 36 meses de prisión preventiva contra él por ser el presunto líder de una organización criminal y otros 18 meses por presunta rebelión y conspiración.

Su controvertido discurso llevó a varios de sus ministros a abandonarlo en su hora aciaga, mientras especialistas pedían su encarcelamiento. No obstante, también existe un sector que denuncia incumplimiento del debido proceso.

«El proceso constitucional de vacancia en su contra tiene vicios de nulidad insalvables. No hay forma alguna de convalidar ese acto», subrayó Edison Tito Peralta, abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

Peralta aseguró que «son actos obscenamente nulos» e indicó que «no se cumplieron los requisitos de votación ni el derecho a la defensa», que «son derechos humanos básicos».

Además, consideró que se trata de una «vejación, un atropello desde el punto de vista jurídico». Una postura que los jueces peruanos han desacreditado en cada audiencia.

«Desde el día uno, Castillo tuvo en contra a todos los poderes porque representaba simbólicamente al indigenismo peruano, a las clases pobres», agregó Peralta a RT.

El Parlamento peruano presentó una oposición férrea contra el profesor rural, que contempló un intento fallido de vacancia presidencial y negatorias de salida del país, entre otras medidas.

Cambio inesperado

Pocos podían imaginar que la mujer que fue la número dos de Castillo, que también era integrante del partido izquierdista Perú Libre, terminaría respaldada por ese Congreso de la República.

«El Perú ha cambiado en términos de equilibrio político porque hemos estado en años recientes en una tensión constante entre Ejecutivo y Legislativo. Ahora no hay nada de eso«, expresó Requena.

En su opinión, compartida por gran parte de analistas en Perú, «más bien hay un cogobierno, sin duda, un pacto tácito de permanencia».

En sus primeros días en el puesto, la presidenta se había mostrado a favor de un adelanto de elecciones, pero cuando los legisladores votaron en contra, cambió el discurso y enfatizó que completaría el mandato, hasta 2026, por el cual fue votado Castillo.

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Supervivencia mutua

Si en el Parlamento no se consiguen los votos para un anticipo de comicios, una dimisión de Boluarte habilitaría el anhelo de la sociedad peruana, pero la mandataria se ha negado a esa posibilidad.

Entretanto, los mismos congresistas que rechazaban toda iniciativa de Castillo, ahora apoyan consecuentemente los proyectos gubernamentales. Incluida una ley controvertida que le permite a Boluarte trasladarse al exterior, a pesar de que no tiene vicepresidentes.

Los viajes presidenciales, en su mayoría rechazados por la población e incluso la clase política, le permitieron en su momento a Boluarte tomar oxígeno en medio de acusaciones y de altos índices de desaprobación.

No obstante, también fuera de Perú vivió momentos inquietantes. Cientos de personas se pronunciaron en su contra en varias latitudes del mundo, desde Nueva York hasta Berlín. «Dina asesina», le gritaban en cada esquina en una frase muy repetida en el año que generó cólera en la presidenta.

«A mí nadie me va a amedrentar con palabras como vienen diciendo: ‘Dina asesina’. Yo les pregunto a aquellos que gritan esas palabras: ¿quiénes han matado a nuestros hermanos en esas violentas manifestaciones? Fueron ellos mismos», aseveró en septiembre en su discurso más virulento.

En el extranjero padeció momentos incómodos, especialmente el que vivió en Washington, cuando la anunciada reunión bilateral con su par de EE.UU., Joe Biden, terminó frustrada. Un fracaso diplomático que obligó a Ana Cecilia Gervasi a dejar su cargo de canciller.

«Estamos frente a una modorra en este Gobierno sin norte, sin rumbo y un Congreso envalentonado que impone algunas decisiones, muchas de ellas muy controversiales», apuntó Requena.

Año convulso

No es poco lo que ha pasado en Perú en este año. Desde una recesión económica hasta el resquebrajamiento de las relaciones con países como Colombia o México han marcado un 2023, que para el Ejecutivo ha sido de estabilidad y reordenamiento democrático.

Tanto que se declaró el 7 de diciembre como el ‘Día de la Institucionalidad, del Estado de Derecho y de la Defensa de la Democracia’, con el objetivo de «promover los valores democráticos e institucionales en la ciudadanía y estimular la conciencia colectiva sobre el respeto al Estado constitucional y democrático de derecho».

A la par, una operación reciente intitulada como Valkiria V destapó una presunta organización criminal en el Ministerio Público, que estaría encabezada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides; la misma que encabezó las diligencias contra Castillo.

«Hay muchos vicios, tenemos un sistema peruano politizado. Se ha corroborado que la fiscal de la Nación ha estado en plena coordinación con congresistas para hacer manejos a su antojo, ¿por qué no pensar que hizo lo mismo con el presidente Castillo?», cuestionó Peralta.

Y este miércoles, a poco de cumplirse este primer aniversario, el Gobierno de Boluarte acató la orden del Tribunal Constitucional y, por lo tanto desoyó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al disponer la liberación del exmandatario Alberto Fujimori, condenado a 25 años por crímenes de lesa humanidad.

«En general es una situación de caos constante que se suma este Gobierno sin norte. Si en términos de estabilidad era mucho más probable que llegara al 2026, ahora eso es menos probable», proyectó Requena.

Lo más cercano

Todavía en 2023, lo más cercano para Boluarte es una nueva ola de protestas. Desde hoy y, en principio, hasta el próximo sábado, están convocadas una serie de marchas, paros y demás actos para insistir en la demanda de adelanto de elecciones.

En respuesta, la mano derecha de Boluarte, el titular del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, ya avisó que producto de las facultades legislativas que les otorgó el Parlamento modificaron el Código Penal para «garantizar la seguridad y la tranquilidad pública».

Ahora, toda persona que bloquee carreteras podría recibir 15 años de prisión y quien provea bienes muebles e inmuebles o aporte recursos económicos que «faciliten las actividades de los agentes del delito de disturbios» podrían recibir una pena privativa de libertad de seis años. Una medida que especialistas valoran como criminalización de la protesta.

Un panorama del cual Boluarte se ha abstenido de pronunciarse. Ni siquiera el miércoles, cuando tuvo tres eventos públicos, dijo una palabra acerca de la situación carcelaria de Fujimori.

Sobre lo que sí habló fue acerca del escándalo fiscal, luego de que Benavides presentara una denuncia constitucional en su contra por las muertes en las movilizaciones de diciembre de 2022 a marzo de 2023. La calificó como «deleznable maniobra política» y acusó a la fiscal de la Nación de «pretender distraer la atención».

Mientras tanto, el Ministerio del Interior destacó en la red social X el hallazgo de «megáfonos, bolsas con hoja de coca, polos y banderolas con consignas políticas», que iban a ser empleadas en las manifestaciones.

En varias ocasiones congresistas de la derecha le han pedido a Boluarte «mano dura» contra manifestantes que llegan a Lima, como las personas de Puno, fronteriza con Bolivia.

Ante este panorama, advierte Requena: «Una eventual pérdida de apoyo desde el Congreso haría que el Gobierno colapsara antes de llegar al 2026″.

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